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A primera instancia, las implicaciones para los inmigrantes de la Ley de Sanidad Asequible parecen ser obvias. La legislación beneficia a los inmigrantes legales y excluye a los indocumentados. Empezando en 2014, esta provee a los inmigrantes legales subsidios para la compra de seguros médicos, requiriendo de ellos, como de otros norteamericanos, poseer cierta cobertura y ofreciéndoles acceso a la bolsa estatal de intercambio de seguros. Pero la ley priva a los indocumentados de cualquier subsidio o siquiera del uso de las bolsas de intercambio para comprar seguros con su propio dinero.
La historia completa, sin embargo, es más complicada. La ley deja en lugar un período de espera de cinco años para que los inmigrantes legales califiquen para Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). Como resultado, aunque ellos tengan acceso a las bolsas estatales para comprar cobertura subvencionada, muchos inmigrantes legales que hayan llegado al país hace relativamente poco y que tienen un salario cerca o por debajo del límite de pobreza, probablemente permanecerán no asegurados por falta de recursos para pagar su parte del costo.
Sin embargo, la ley provee un aumento sustancialmente mayor a los fondos destinados a los centros sanitarios comunitarios. Este podría llegar a ayudar a los inmigrantes, tanto a los legales como a los indocumentados, a recibir tratamiento médico sin estar asegurados.
Ya que la ley incluye requerimientos de verificación de ciudadanía para cualquier persona que usa las bolsas, estos podrían también tener efectos no esperados e indirectos sobre la administración de seguros de tanto los inmigrantes cómo de los no-inmigrantes.
El impacto de estas provisiones dependerá de como los gobiernos federal y estatal implementan la ley. Las barreras causadas por diferencias de idioma son un factor muy importante en el acceso que tienen los inmigrantes a la cobertura y atención médica. Dependiendo del nivel de alcance de la comunidad, la legislación podría afectar a los inmigrantes hispanos y a otros inmigrantes en maneras distintas.
Según un reporte del 2007 de la Fundación de la Familia Kaiser, una de cada cuatro personas sin seguro médico en los Estados Unidos es un inmigrante; ese número sube a uno en tres cuando se incluye a los hijos de padres inmigrantes nacidos en los Estados Unidos. Los inmigrantes legales serán por lo tanto uno de los grupos más beneficiados por los nuevos subsidios que hacen que la cobertura médica sea más accesible. Anticipando estos beneficios y el aumento en ayuda a los centros de salud comunitarios, los representantes hispanos en el Congreso votaron de manera abrumadora a favor del Acta de Cobertura Accesible.
Por otro lado, los militantes por los derechos de los inmigrantes están decepcionados por el incumplimiento de la legislación en eliminar el período de espera de cinco años para que los inmigrantes legales sean candidatos para Medicaid y CHIP. En el 2009, cuando el congreso volvió a autorizar CHIP, también otorgó al estado la opción de cubrir a las mujeres embarazadas y a los niños que, como inmigrantes recientes, hubieran de otra manera no calificado para el plan. Actualmente, solamente 19 estados junto con el Distrito de Columbia han elegido tomar esta opción.
La nueva ley de reforma sanitaria tanto aumentará y reducirá la cobertura para los inmigrantes indocumentados empezando en el 2014. A diferencia de los inmigrantes legales, los indocumentados no necesitarán tener seguro médico, pero tampoco calificarán para los créditos tributarios de primas o subvenciones a los gastos compartidos. Muchos niños nacidos en los Estados Unidos hijos de inmigrantes indocumentados indudablemente pagarán el precio de la exclusión de sus padres y no estarán cubiertos. "Confusión en torno a la nueva ley sin duda prevendrá a muchos de los 4 millones de niños ciudadanos e hijos de inmigrantes indocumentados de recibir la cobertura para la cual califican," dice Jennifer Ng'andu, directora adjunta del Proyecto de Políticas de Salud en el Consejo Nacional de La Raza
Algunos inmigrantes indocumentados podrán recibir cobertura médica a través de sus empleadores si estos deciden cumplir con las provisiones de responsabilidades del empleador establecidas por la ley. Ya que estos inmigrantes indocumentados trabajan de manera desproporcionada para pequeñas empresas que están exentas de los requerimientos de la ley, es poco probable que los indocumentados consiguen grandes resultados. De hecho, una vez que las compañías que proveían a sus empleados con seguro médico empiecen a comprar esto a través de las bolsas, sus trabajadores indocumentados podrían perder la cobertura que tenían anteriormente.
Uno de los beneficios de la legislación para los inmigrantes de pocos recursos es innegable. Actualmente muchos indocumentados e inmigrantes legales reciben atención médica a través de centros sanitarios comunitarios financiados por el gobierno federal. Empezando en el 2011, la Ley de Sanidad Asequible destinará US $12.5 mil millones en los próximos cinco años para expandir los centros sanitarios y el Cuerpo Nacional de Servicios de Salud, que ayuda a proveer a estos centros con médicos. Se proyecta que esta ayuda duplicará el número de pacientes atendidos por los centros, fortaleciendo una de las principales fuentes de atención primaria en las comunidades inmigrantes
Los requerimientos para la verificación de ciudadanía establecidos por las nuevas bolsas de intercambio de seguros médicos podrían tener un efecto paradójico sobre la elegibilidad de los inmigrantes para los planes de salud. Aunque algunos observadores temen que los requerimientos de verificación podrían reducir el acceso, estos podrían de hecho aumentarlo.
Hasta el año 2005, una declaración firmada era suficiente para establecer ciudadanía para los programas federales. Sin embargo, el Acta de Reducción de Déficit de ese año estableció requerimientos de documentación que dieron origen a un complicado sistema que requiere cuatro tipo de documentos originales para verificar la ciudadanía. Según un reporte del 2007 del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, el proceso de verificación produjo enormes costos administrativos y dio lugar a grandes demoras y la negación de cobertura de Medicaid y CHIP a postulantes calificados.
Para hacer frente a esos problemas, la legislación reautorizó al CHIP en el 2009 a otorgar a los estados la opción de usar una base de datos de la Administración de Seguro Social (SSA) que compara los datos coincidentes para verificar la ciudadanía del postulante. Veinticuatro estados han adoptado el nuevo sistema y los resultados han sido "enormemente positivos," dice Judy Solomon, co-directora de la política de salud en el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas. Según un reciente informe publicado por este centro, el nuevo procedimiento ha reducido las demoras y los costos administrativos de inscripción para Medicaid y CHIP. Solomon rechaza la idea que la verificación de ciudanía fue justificada, pero considera que la base de datos de coincidencia del SSA es el menor de los males, una manera de cumplir con el requerimiento de verificación sin tener una carga "inútil" al presentar tantos documentos.
La Ley de Sanidad Asequible especifica el uso de la base de datos de coincidencia del SSA como el procedimiento oficial para verificar la ciudadanía en las nuevas bolsas de intercambio de seguros. Las personas sujetas a verificación de ciudadanía podrían por primera vez encontrarse con problemas al comprar seguros médicos a través de estas bolsas. Sin embargo, según Julia Paradise, directora asociada de la Comisión Kaiser sobre Medicaid y los No-Asegurados, el uso requerido de la base de datos de coincidencia del SSA podría forzar la mano de los 26 estados que todavía dependen de sistemas de documentación más antiguos y gravosos. Solomon y Paradise dicen que el resultado podría ser un acceso facilitado para Medicaid y CHIP para postulantes calificados quienes de otra manera tendrían que afrontar el sistema de cuatro documentos.
La Ley de Sanidad Asequible podría tener un último efecto inesperado. Según Steven Camarota, director de investigación en el Centro de Estudios de Inmigración, una institución conservadora, las reformas al plan sanitario reducen la probabilidad que haya reformas de inmigración ya que estas aumentan de manera significativa los costos fiscales de amnistía. "El balance final indica que no se le puede dar seguro medico subvencionado a 11 millones de personas sin tener que incurrir un gran costo," dice él.
Otros analistas remarcan que los inmigrantes indocumentados pagan impuestos federales pero permanecen inelegibles para la mayoría de los programas de salud que patrocina el gobierno. "Creo que es una cuestión de equidad," dice Adam Gurvitch, analista de política en el Centro Nacional de Ley de Inmigración. "Ellos contribuyen, pero no reciben ninguno de los beneficios"
Por supuesto que nadie puede saber si las inquietudes sobre los nuevos subsidios para los seguros médicos serán decisivas para la reforma de inmigración. Muchos otros efectos de la reforma sanitaria son también poco claros ya que dependen de las respuestas políticas sujetas a presiones fiscales. Por ejemplo, los gobiernos estatales podrían responder a un ajuste de presupuesto recortando programas de alcance a la comunidad relacionados con el programa de Medicaid y otros programas médicos, causando una reducción en la inscripción. Ya que frecuentemente se encuentran con barreras a causa del idioma, los inmigrantes son particularmente vulnerables cuando se trata de este tipo de recortes. Si las comunidades inmigrantes van a beneficiarse de la reforma sanitaria, ellas necesitarán el fuerte apoyo de todos los que los atienden – desde los trabajadores de salud en las primeras instancias hasta los representantes en el Congreso – para asegurarse que la reforma se lleve a cabo con sus intereses en mente.
